Para la mayor parte de la población en Argentina, un viaje a la Patagonia es sin dudas una experiencia turística de aventura. Por la distancia, por las características de sus paisajes, por las actividades que suelen ofrecerse a sus visitantes, porque para acceder en automóvil se anuncia desde la cartelería que se está “entrando” a la Patagonia, o que se transita por la “Ruta del Desierto”. Es el lugar elegido por egresados del secundario, mieleros y jubilados; es también el de la aventura mochilera por excelencia. Pero es también la zona a la cual miles de trabajadores golondrinas^† viajan desde distintos lugares del país, donde la construcción, la hotelería, la gastronomía y la explotación petrolera pueden ofrecer oportunidades a migrantes internos y de países sudamericanos.

† Personas que se desplazan de una región a otra para participar en labores periódicas, sobre todo rurales.

A lo largo del tiempo, se la ha representado como un espacio vacío que espera a ser poblado, a que sus riquezas emerjan definitivamente de su suelo para beneficiar al país entero. Se asegura que poblarla es un acto de soberanía, y así suelen recordarlo aún los amigos ante el anuncio de algún nacimiento. Es también un lugar paradójico en el cual a los visitantes se les ofrece como gastronomía típica una cerveza artesanal, strudel, fondue, chocolate, torta galesa, ahumados de trucha, ciervo, jabalí, dulce de mosqueta, corderito, frutos del bosque.

La Patagonia nace globalizada. Desde que el cronista de la expedición de Magallanes, Antonio de Pigafetta, nombrara de esta forma al extremo sur del continente, el término Patagonia estará vinculado con lo lejano, lo exótico, la aventura, lo desconocido, donde todo podía ser posible, como ciudades perdidas, de oro o razas de salvajes gigantes. En otras palabras, se construyó en el tiempo una idea de territorio marginal, aunque estratégico y clave para la navegación transoceánica y para la geopolítica moderna y contemporánea. La idea de marginalidad, desde una perspectiva europea y aun euro-criolla, se impuso hegemónicamente desde entonces.

Si bien el imperio español reclamó la Patagonia como parte de sus posesiones, el territorio permaneció hasta hace poco más de un siglo ocupado y bajo control de los llamados pueblos indígenas. Solo algunos precarios, aislados y poco duraderos puestos fueron establecidos en sus costas por europeos y criollos. Solo perduraron en el tiempo los de Carmen de Patagones (1780) y Punta Arenas (1845), funcionando como islas en semejante territorio. Los pueblos hausch, selknam, alacaluf, aonikenk, gununakena, mapuche y otros pre-existentes a los estados coloniales y por lo tanto también a los estados independientes de Chile y Argentina, mantuvieron su control territorial.

Entre 1878 y 1885 los gobiernos de estos dos países coordinaron el avance militar desde ambas vertientes de la cordillera de los Andes para iniciar la ocupación definitiva del territorio y el establecimiento de una frontera binacional. En este proceso la Patagonia fue pensada, ocupada y dividida como territorio nacional. Aquellas poblaciones pre-existentes fueron nuevamente exotizadas y salvajizadas, ya no atribuyéndoles características fantásticas, sino estigmatizándolas como evolutivamente atrasadas y, aún más, criminalizando sus formas de vida.

Por un lado, los pueblos de la Patagonia fueron ubicados en el pasado del género humano, como representantes de una etapa evolutiva que debía, por fuerza de la “historia natural”, dejar su lugar a otras razas, las civilizadas. Y por otro lado, también fueron acusados de barbarie, de robar ganado, secuestrar personas y amenazar a las industrias criollas. En Argentina, la construcción del estereotipo del indígena malonero fue tan fuerte que incluso los mismos contemporáneos escribían con sorpresa sobre los cultivos de maíz, porotos, papas y quinoa que se encontraban en las llamadas tolderías que fueron siendo arrasadas por el avance militar de las campañas de conquista.

En Chile se sostuvo que los araucanos, “una raza viril” que había sabido defenderse de los conquistadores españoles, por entonces se encontraba ya degenerada por su mezcla con los indígenas del este cordillerano. En Argentina, el argumento fue similar, aunque se invirtió el origen del problema indígena. Se sostuvo (y lamentablemente algunas voces lo siguen haciendo) que los araucanos eran el elemento negativo y que habían invadido las pampas para matar, robar y secuestrar con el supuesto acuerdo de las autoridades chilenas.

Así, la ocupación militar estatal argentina y chilena de la Patagonia no contemplaba la pervivencia de los pueblos pre-existentes como tales. En Chile se establecieron 3000 mercedes o reducciones destinadas a las familias indígenas, enclaves que funcionaron como islas reducidas dentro de un espacio que era distribuido a los nuevos colonos. En el caso argentino, la población sometida fue primero expropiada de todos sus bienes y concentrada en campos de prisioneros para luego ser en su mayoría deportada a distintos lugares del país. Los destinos estaban definidos por las necesidades de mano de obra. Por ejemplo, la zafra en el norte, la vitivinicultura en Cuyo, o las fuerzas armadas, el servicio doméstico, estancias, molinos, en todo el territorio nacional. La población prisionera fue trasladada a pie, en barcos y ferrocarriles, fue dividida por sexo, grupos de edad y así fueron divididos los grupos y las familias. Miles de niños fueron separados de sus madres y padres y distribuidos como criados, siendo sus nombres cambiados.

No hubo una legislación que estableciese una modalidad de entrega de tierras para indígenas en Argentina, solo leyes o decretos puntuales que referían a algún cacique, es decir un antiguo líder indígena al que se le reconocía la ocupación temporal de algunas hectáreas para su familia cercana. Si bien se discutió intensamente en el Congreso Nacional, en reiteradas oportunidades, nunca se estableció una norma que contemplase la entrega de tierras a los indígenas sometidos. Privó entonces la opinión de que los indígenas debían ser tutelados, a través de su distribución en familias, o en misiones, donde primero debían ser civilizados para su incorporación definitiva. Esto habilitó el manejo discrecional de los contingentes de prisioneros, su reparto y utilización como fuerza de trabajo, con el objeto de disolver las unidades grupales y familiares de los llamados pueblos indígenas. ¿Pero existía alguna legislación, un proyecto que estableciera criterios para la ocupación de las tierras conquistadas? ¿En manos de quiénes y de qué forma quedaron las mismas?

La Patagonia había sido construida como un “desierto” que debía ser conquistado. Se lo presentaba como un territorio exótico y aún virgen de civilización. La epopeya del desierto, se sostuvo, se habría enfrentado a un espacio salvaje en el cual sus mismos habitantes no podían ser considerados como entidades sociales. El “orden de tribus” debía desaparecer, se anunciaba, y esto es lo que el mismo Julio Roca informaba ante el Congreso Nacional como un gran logro. No quedaba lugar para la pervivencia de otros pueblos al interior del que se consideraba como espacio nacional. Los indígenas solo podían ser incorporados como parte del pasado, como descendientes, restos de lo que ya no podrá ser.

El “desierto” debía ser poblado y puesto a producir. Criollos y migrantes europeos debían componer una nueva sociedad de “pioneros”. Una misma ley, llamada “Avellaneda”, regulaba la migración y colonización con población europea. Establecía un modelo de colonización agropecuaria sobre la base de pequeños productores. Luego la ley argentina del Hogar (nombrada así en su comparación con una norma similar de EEUU) extendía este criterio de formación de colonias para población argentina de bajos recursos, la que podría acceder de esta forma a la propiedad de parcelas sin costo de mensura o titulación, solo demostrando la realización de determinados adelantos en un plazo pautado de tiempo.

También existieron limitaciones para la adquisición de tierras fiscales en áreas propias para la ganadería. Se procuraba evitar la concentración de las mismas y la formación de latifundios. Se establecieron reservas de tierras fiscales para la concesión a empresarios privados que debían llevar adelante tareas de colonización.

A través de estos mecanismos se proponía poblar al “desierto” y transformarlo en una sociedad de colonos europeo-criollos. Los llamados indígenas quedaron fuera de este tipo de normas. Solo dejando de serlo podían aspirar a ser incluidos en este tipo de entrega de tierras. En algunos pocos casos, los prisioneros obligados a formar parte de las tropas argentinas pudieron reclamar luego parcelas de tierra a través de la ley de premios a los expedicionarios al “desierto”.

Para la mayor parte de la población sometida que sobrevivió o que pudo retornar, luego de las deportaciones, a la Patagonia, el único espacio disponible serían, en más, las tierras fiscales aún no privatizadas. Las de peor calidad pero que, con el paso del tiempo, serían también progresivamente reclamadas por particulares, casas comerciales (grandes y pequeñas) y estancieros vecinos.

No obstante, aquella sociedad de colonias y colonos lejos estuvo de constituirse en la Patagonia. Las pocas creadas rápidamente fueron desreguladas y las promesas de una titulación sin costo fueron reemplazadas por el mercado y la especulación inmobiliaria. Lo que prevaleció, por el contrario, fue el latifundio, conformado a pesar de las distintas reglamentaciones que procuraban evitarlo. Las distintas normativas fueron sorteadas y eludidas con el consentimiento oficial. Así se permitió que quienes accedían a las tierras fiscales fuesen testaferros que rápidamente unificaron propiedades o que a concesionarios para la colonización se les relevara de dicha obligación y que incluso se asociasen conformando compañías de tierras, como fue el caso de la Argentine Southern Land Company (ASLCo). La misma se conformó a través de la asociación de 9 concesionarios británicos que, lejos de llevar a cabo la colonización de la zona, unificaron una propiedad de 900.000 hectáreas situadas en los territorios de Río Negro y Chubut^††.

†† En la d?cada de 1990, dicha compa??a vende la propiedad al grupo Benetton.

La promesa de tierras para pequeños productores se transformó para la mayor parte de los pobladores rurales en la búsqueda de tierras fiscales donde asentarse. En las mismas se podría aspirar a un permiso de tenencia precaria y quizás en algún momento una posible titulación. Lo predominante sería en todo caso el corrimiento de alambrados, las disputas con las reclamaciones de compañías comerciales y la discriminación hacia aquellos pobladores identificados como indígenas. En los informes de los inspectores de tierras, estos eran a menudo considerados como pobladores “no deseables” y se los calificaba como no aptos para contratar con el estado. Los desalojos fueron una constante para esta población a lo largo de todo el siglo XX y sus efectos pueden claramente advertirse en el presente.

Las mejores tierras para la producción agropecuaria de la Patagonia fueron rápidamente privatizadas. De hecho, la ASLCo se formalizó en 1890, pero las concesiones originales eran de apenas 1887, teniendo en cuenta que las llamadas campañas al desierto se dieron oficialmente por finalizadas en enero de 1885, cuando el lonko Valentín Sayhueque^‡ se presentó en el fortín de Junín de los Andes. Las 900.000 hectáreas que reunió esta compañía coincidían con las tierras a las que el marino británico George Musters^‡‡ había conocido en su viaje de 1869 y a las que había descripto como las mejores tierras de la Patagonia. La producción ganadera fue la actividad predominante y durante las primeras décadas mayormente destinada hacia el mercado trasandino. La producción de lana constituyó el modo de inserción de la Patagonia en el mercado global. La producción agrícola fue destinada para el consumo local, pero la mayor parte de los pequeños productores ocupaban las tierras menos aptas para la misma.

‡ Sayhueque es considerado como el último líder de la resistencia frente al avance militar en el norte de la Patagonia. Hasta el último momento demandó que el gobierno argentino respetara e hiciera cumplir los tratados de paz que había firmado y en los cuales se le reconocía como autoridad indígena en la región.

‡‡ George Musters fue miembro de la Real Armada. Ya retirado, viajó en 1869 a las islas Malvinas, desde donde realizó un recorrido por la Patagonia. Su viaje se extiende desde abril de 1869 hasta mayo de 1870; en 1871 publica su diario de viaje con observaciones y reflexiones sobre los modos de vida indígenas de la Patagonia.

La población mapuche-tehuelche que permaneció en la Patagonia luego de ser levantados los campos de concentración de prisioneros^§ hacia 1888 y quienes lograron retornar escapando de los lugares donde fueron deportados encontraron un espacio transformado. Ante la pérdida, las masacres, la división de grupos y familias, comenzó una etapa de reconstrucción de lazos sociales. Las personas dispersas conformaron nuevas familias y buscaron situarse donde podían. Se transformaron en fiscaleros y desde entonces su condición de indígenas sería una cualidad latente que podría devenir en una nueva marcación, discriminación y despojo.

§ Con el desarrollo de las campañas militares de conquista, se fueron formando campos de concentración de prisioneros. Allí fueron reunidas las familias sometidas y las que se presentaron antes de ser capturadas. Los hubo de distintas dimensiones y su duración en el tiempo también varió. Los campos más importantes fueron mantenidos hasta finales de la década de 1880 y desde allí se operaron deportaciones masivas a otros puntos del país, donde las familias fueron divididas: los hombres fueron destinados al trabajo en la vendimia, la zafra, las fuerzas armadas; las mujeres y los niños, al servicio doméstico. Esto implicó la separación de miles de niños de sus familias y el cambio de identidad a través del bautismo y cambio de nombre, al ser tomados como criados.

Debido a que en algunos casos las tierras en las que se asentaron las familias mapuche-tehuelche eran tierras fiscales reservadas para distintos fines (por ejemplo, para futuras expansiones de colonias, para fines de explotación forestal o para futuras ventas) con el paso del tiempo popularmente se las denominó “reservas indígenas” de tal o cual cacique. Paradójicamente, nunca existió una política concreta de crear reservas o colonias indígenas (como en el caso de EEUU). En Argentina, las reservas fueron de tierras fiscales y las colonias para inmigrantes europeos y ciudadanos argentinos.

En todos los casos, las tierras a las que podían acceder serían las menos fértiles. En ellas el patrón pastoril fue el único disponible. Ovejas y cabras, lana y pelo. La cosecha era entregada a los comercios que monopolizaban la salida de los pequeños productores y los endeudaban a través de la prenda agraria. Las mercaderías del boliche eran entregadas a los pobladores a cuenta y anotadas en las libretas; frecuentemente estos no podían saldar la deuda con la cosecha de lana y pelo. El ganado era entonces entregado como parte de pago y la deuda se transformaba en un mecanismo por el cual el poblador terminaba cuidando el ganado del comerciante. En muchos casos, el comerciante reclamaba luego ante la oficina de tierras ser el propietario de los ganados y mejoras de las tierras fiscales. El mismo poblador era identificado por el inspector de tierras como puestero del comerciante, quien finalmente recibía la concesión de aquella tierra fiscal.

Las expropiaciones nunca se detuvieron y a lo largo del siglo XX la identificación de aquellos pobladores fiscaleros como indígenas colaboraba en su calificación como elemento no deseable y no apto para ser reconocido como propietario.

El desierto, en fin

Los llamados pueblos indígenas y sus formas de vida fueron considerados como desaparecidos. El discurso político con el cual Julio Roca accede a la presidencia anunciaba como un hecho que no existiesen en adelante otros pueblos en el seno de la nación. Esto no implicaba afirmar la eliminación física de las personas, sino que los pueblos indígenas ya no existían como entidades sociales. A tal fin se había dispuesto que los grupos fuesen dispersados, las familias divididas, separados los hijos e hijas de sus madres y cambiados de nombre; prohibidas sus prácticas políticas, sociales, económicas y aun espirituales. Su lengua debía desaparecer. Si bien constantemente en ámbitos como el Congreso Nacional se denunciaba este accionar, se proponían medidas y se abordaba el tema de los indígenas prisioneros, nunca se contempló una medida que implicase algún tipo de reconocimiento de su existencia como pueblo.

La desaparición de los pueblos era anunciada como un efecto de la historia natural. En ella colaboraban tanto las oficinas estatales como sectores de la sociedad civil: organizaciones de beneficencia, sociedades rurales, grupos empresariales y diferentes sectores privados que se beneficiaron con los repartos de niños y niñas, de mujeres y hombres, como trabajadores baratos. Estado y sociedad civil construyeron así el mito de la nación argentina blanca, descendiente de los barcos, idea sustentada también a través del discurso científico que colocaba esqueletos y cráneos de prisioneros de las campañas al desierto en las vitrinas del Museo de Historia Natural de La Plata para contar a los argentinos que su territorio era una vasta necrópolis de razas extintas, que fueron desapareciendo para dar lugar a la más desarrollada. El fin de este recorrido era la nación argentina, blanca y descendiente de Europa.

El caso argentino de fines del siglo XIX ilustra un tipo de proceso que se extendió en diversos casos de conformación de los estados nacionales contemporáneos. Desde el estado se aplicaron medidas destinadas a la marcación de grupos minoritarios como otros internos, peligrosos y amenazantes de la integridad nacional, hacia los cuales se orientaron políticas que procuraron su eliminación como colectivos. Se postulaba la necesidad de su exclusión de la comunidad nacional. La supervivencia de las personas estuvo sujeta a que los individuos dejasen de conformar dicho grupo. Fue a mediados del siglo XX y luego de la segunda guerra mundial que, en ocasión de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció un concepto jurídico que permitiría juzgar y prevenir la repetición de este tipo de crímenes de lesa humanidad a través del derecho internacional.

Desde entonces, este tipo de procesos ha sido denominado como genocidio. Su elaboración como concepto jurídico provino del análisis de evidencias históricas de casos similares, entre los que se mencionó por entonces no solo los crímenes del nazismo sino también el caso armenio en la conformación del estado turco, la conquista europea sobre África desde 1885 y las políticas hacia las naciones indígenas en EEUU. Estas últimas fueron contemporáneas a las llamadas campañas al desierto. El propio Julio Roca tenía a un delegado en la embajada argentina en EEUU, Malarín, quien informaba periódicamente de las medidas tomadas allí, las que compartía con Roca y con quien discutían sobre su viabilidad o no para el caso argentino.

El concepto de genocidio ha sido desde entonces un término que ha permitido hacer visible muchos otros casos de relación asimétrica, como el de la sociedad de colonos que se estableció en Australia también en perjuicio de su población originaria. En este caso se destaca cómo, al igual que en el argentino, no solo se trató de una violencia ejercida desde el poder estatal, sino también desde el conjunto de una sociedad civil que se constituyó como la principal beneficiaria de la eliminación de los “otros indígenas”, de sus derechos como pueblo e incluso como personas.

Una carta europea

Bariloche ha sido en el imaginario de la argentinidad reclamada como la Suiza argentina. Un número importante de emprendimientos turísticos recogen esta noción y la han materializado a lo largo del tiempo en estilos arquitectónicos, gastronomía y como lema turístico. Es una paradoja que atraviesa a toda la Patagonia, ya que finalmente aquel lugar exótico, maravilloso, pleno de riquezas por descubrir, fue transformado por un principio organizador del espacio social que jerarquizó lo europeo, que priorizó la nueva sociedad, la llamada civilización, que debía imponerse hasta hacer desaparecer otras formas de vida, que ni siquiera fueron consideradas como un orden social. Esa nueva sociedad comenzó con los llamados pioneros y procuró transformar a esa Patagonia mágica en otra cosa.

Este proceso fue denominado como la “Patagonia trágica” por parte de un abogado de La Anónima (Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia). El español José María Borrero publicó en 1928 La Patagonia trágica. Asesinatos, piratería y esclavitud, una denuncia sobre las atrocidades que cometían los estancieros y sus capataces contra los peones y las masacres de los habitantes originarios de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Estas historias fueron retomadas y profundizadas por la obra de Osvaldo Bayer, publicada entre 1972-1974, titulada Los vengadores de la Patagonia trágica. Estas obras describen el genocidio, la represión y el disciplinamiento de pueblos originarios y trabajadores en el proceso de cambiar la Patagonia en otra cosa.

Proceso que, podríamos decir, fue bastante exitoso, cuando observamos también los detalles –¿más pequeños?– como la imposición de especies exóticas como el pino, la trucha, el ciervo colorado, la rosa mosqueta, la oveja, transformando incluso aquello que hoy llamamos gastronomía patagónica.

Como muestra de esta oferta gastronómica, podemos encontrar la Feria de las Colectividades, que se realiza en Bariloche desde 1978. Allí se despliegan stands de comidas y realizan muestras artísticas, fundamentalmente de bailes típicos de cada comunidad. En un principio, formaba parte de la Fiesta de la Nieve, pero luego se independizó de dicho evento. Pero también se excluyeron algunas de las colectividades, más precisamente las no “europeo-argentinas”. En la actualidad, cada noviembre, se la convoca como “Feria de las Colectividades Europeo-Argentinas”. Ya no se realiza en el centro de Bariloche sino en predios un tanto alejados, como el de la Sociedad Rural. Pero quienes asistan ya no podrán encontrar aquellos stands de las colectividades paraguaya, chilena o uruguaya, que se caracterizaban por una nutrida concurrencia. Desde ya, nunca estuvieron invitadas las comunidades mapuche-tehuelche. Es una elección, claro, reconocer y celebrar la diversidad. O cierta diversidad. Pero la historia sigue en
marcha y hoy podemos volver a pensar en ella para ser partícipes del momento que nos toca. Sin convertir aquello que desconocemos en algo exótico o amenazante, sino acercándonos y conociéndonos con empatía. 🐟